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El humo de los árboles carbonizados envuelve el ambiente de indignación de los ejidatarios de Guajes de Ayala, Coyuca de Catalan, en la tierra caliente de Guerrero. El clima es de frustración, acompañado de una atmósfera en la que se percibe la rabia y el coraje, por cómo la delincuencia organizada los acecha desde hace meses, al trastocar el corazón de sus recursos naturales.
Subieron a la sierra a quemar los troncos que no lograron llevarse, y para borrar la evidencias los convirtieron en cenizas esa mañana del 23 de abril de 2020. Al comenzar los incendios, los pobladores se organizaron en brigadas para acudir a la zona. Con palas y más herramientas trabajaron en equipo, realizando brechas cortafuego para sofocarlo y proteger la herencia de sus antepasados. Tardaron un par de días en apagar el último rastro.
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Ese acto del grupo delincuencial de El Chano Arreola y su lugarteniente Víctor Espino Córtes, ex vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, apenas fue uno de los embates que ha sufrido la comunidad.
Un mes antes, el 30 de marzo, arribaron con armas de grueso calibre, Ak 47 y AR 15, a bordo de cuatrimotos, una camioneta Toyota Hilux y una Ford Ranger. Ninguna portaba placas. Acompañaban a personal para el derribo y corte de árboles, lo mismo que con tres grúas para el arrastre y carga de madera en rollo, que talaron ese mismo día. La subieron a los camiones para transportarla y sacaron 13 viajes, hasta que los pobladores lograron pararlos.
Ellos no han sido los únicos que enfrentan la embestida de la ‘maña’. Nueve meses después, a 170 kilómetros de ahí en carretera (5 horas en automóvil), en el poblado de Ciénega Puerto Alegre, San Miguel Totolapan, también en Guerrero, la historia pareció repetirse pero por hombres armados del grupo de Los Tlacos (Cártel de la Sierra) liderado por Onésimo Marquina Chapa, alias El Necho.
Esa mañana del 12 de diciembre de 2020 por el camino de brechas circulaba maquinaria pesada, una grúa, retroexcavadora y camiones rumbo a la zona boscosa. Vía radio, algunos habitantes lanzaron la advertencia de que los delincuentes cumplían su amenaza de subir a talar y saquear la madera. En ese instante se organizaron alrededor de 60 ejidatarios para llegar al camino y bloquearles el paso a su regreso.
“Hay que pararlos y quemarlos”, dijeron unos. Otros más cautelosos, sólo pidieron detenerlos, solicitar la documentación y llamar a las autoridades. Con el paso bloqueado los talamontes se comunicaron por la radio con miembros del grupo armado, quienes lanzaron amenazas por el altavoz a los cienguenses para dejarlos pasar o subirían a enfrentarlos. Sin embargo, los pobladores también llevaban armas y no se postrarían. Mucho menos dejarían saquear sus recursos.
Guajes de Ayala y Ciénega Puerto Alegre, son un par de comunidades que decidieron aprovechar sus bosques, y emprendieron, cada uno por su lado, un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable, que fue avalado por autoridades. La idea era generar un cambio en la región, y contribuir a su desarrollo, pues por décadas se caracterizaron por la siembra de amapola, pero con el tiempo sólo dejó rastros de pobreza. Sin embargo, poco les duró el sueño tras la irrupción de los malhechores.
Apenas cumplían un año con tres meses de la puesta en marcha del proyecto maderable en Guajes de Ayala, cuando el grupo criminal irrumpió a su campamento en el bosque (con protección de elementos del ejército, denuncian). Ese 30 de marzo de 2020 no sólo saquearon la madera, también les robaron tambos de combustible, un tractor D6H, a una excavadora 320 DL, despensa de cocina, artículos personales de los operadores, 3 motosierras, cobertores y hasta casas de campaña de quienes habitaban en el lugar.
A los Ciénaga les duró menos el gusto. La acometida surgió a poco más de un mes del arranque del aprovechamiento forestal, la ‘maña’ les exigió un 1 millón de pesos para dejarlos trabajar. Esa fue la cuota. Una suma imposible de cubrir y a la que los ejidatarios se negaron. Ante la respuesta, cinco de ellos fueron asesinados. Tras el mensaje de ‘nos dan o nos dan dinero, sino no los chingamos’, el 1 de enero de 2019 pararon actividades y se perdieron 120 empleos. No querían más muertes.
Ante este desalentador panorama, habitantes de ambas regiones lanzan un grito desesperado de auxilio a la Cuatrote de Andrés Manuel Lopéz Obrador, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y a autoridades estatales. Piden que acuda la Guardia Nacional a apoyarlos, que se detenga a los criminales, parar la tala ilegal y se resarzan los daños. Sino, ellos mismos tomarán el asunto en sus manos y habrá un enfrentamiento armado.
“A raíz de eso, muchas personas ya emigraron, abandonaron sus hogares, pero quienes seguimos aquí estamos dispuestos a todo. Decidimos alzar la voz, tenemos miedo, pero a la vez defenderemos lo nuestro. Las amenazas siguen latentes, siguen presentes día a día. Si no se nos atiende, si el gobierno no nos da solución los enfrentamientos son inminentes”, señala Javier Hernández vocero y secretario del comisariado ejidal de Guajes de Ayala.
En Ciénega Puerto Alegre se cansaron de mandar peticiones, oficios y videos a la Profepa, a la Semarnat y a Gobernación, pero son oídos sordos.
“No hay una respuesta. ¡Nada, chingada madre! Estamos pidiendo la presencia de la Guardia Nacional en la sierra, en puntos clave para detener la tala ilegal y no nos oyen. La decisión es que nos armemos para defender nuestros recursos naturales. No nos vamos a dejar, porque es el único patrimonio qué vamos a dejar a nuestras familias, a los hijos y estamos dispuestos a eso, a llegar donde se tenga que llegar, pero no vamos a permitir que nos sigan saqueando”, expresa molesto Filiberto Cerón, ejidatario de esa región.
Ambas zonas no son las únicas que padecen este saqueo de sus recursos maderables por parte de la delincuencia organizada. Los poblados de Petatlán, Vallecito de Zaragoza, Pueblo Viejo y Banco Nuevo también están en manos de los criminales.
“Son pueblos que todo el tiempo la delincuencia ha estado aprovechando su recurso y no dice nada la gente, porque tiene miedo o no le conviene decir nada, porque también son parte de los pinches grupos armados. Acá en el municipio de Heliodoro Castillo, por ejemplo Pueblo Viejo tiene años que la ‘maña’ ha estado aprovechando la madera de manera ilegal”, señala Filiberto Cerón.
Ante este panorama, lanzan un llamado a sus ejidos hermanos y comunidades del país para organizarse y defender sus recursos naturales.
“Hago un llamado a todos los ejidos y comunidades del país, a que nos organicemos y luchemos con lo que sea necesario, para defender lo que nos están robando, los recursos naturales, con anuencia del mismo gobierno. Antes eran madereros particulares, ahora es la delincuencia asociada con madereros. Está más complicado el asunto porque ellos están armados, tienen buenas armas, buenas relaciones y eso es lo que nos tiene en esta situación”, subraya el ejidatario de Ciénaga.
A su vez, Javier Hernández hace lo mismo: “Llamamos a la unidad. Alcemos la voz para defender lo que por derecho nos corresponde. Tal es el caso del ejido de Cienega, de Puerto alegre y en el municipio de San Miguel Totolapan. Hay un ejido más que está siendo violentado en el municipio de Heliodoro Castillo, quienes por temor hasta el día de hoy no han querido alzar la voz, ojalá y se animen. Que el grito de auxilio llegue a todas las dependencias de gobierno y que se nos pueda atender nuestra problemática”.
Aunque este saqueo no se lograría sin la complicidad de madereras y aserraderos coludidos con la delincuencia, quienes adquieren los troncos talados de manera ilegal. Este diario publicó ayer en sus páginas que estas empresas son utilizadas para el lavado de madera nacional e importada proveniente de las amazonas, ante la falta de una regulación y auditorías.
El acecho y las amenazas a estas comunidades sigue latente. El 16 de octubre de 2020 un comando armado llegó hasta el rancho de la familia Gallegos, en la comunidad de Guajes de Ayala y levantaron violentamente a Elias, de 62 años de edad y su hijo Fredy, por defender sus bosques e impedir se continuara con la tala ilegal.
Hasta la fecha los campesinos se encuentran desaparecidos. Por ese delito el pasado 11 de febrero fue detenido Víctor Espino Córtes. También se le acusa de estar implicado en el asesinato de Eduardo Córtes el 25 de septiembre del año pasado, en el que sus familiares denunciaron la partición de elementos castrenses. Sin embargo, temen que no se aplique el peso de la ley y quede libre.
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